Roberto H. Iglesias.- En su irrelevante cadena nacional del 23.02.2015, la presidenta Cristina Kirchner no hizo ningún anuncio de fondo ni se refirió a los problemas que inquietan al país. Se limitó a inaugurar en Berazategui, al sur de la Ciudad de Buenos Aires, un llamado “edificio inteligente” de la municipalidad. Dijo: “Esta municipalidad no está comunicada a un satélite ni chino, ni ruso, ni norteamericano… ¡está comunicada a un satélite hecho por argentinos!”
Repitió más o menos lo mismo −en medio de un torrente de datos y números descontextualizados y a veces manipulados− en la cadena correspondiente a la inauguración de las sesiones del Congreso el 01.03.2015 (“1-M”).
Sería un problema que la Municipalidad de Berazategui estuviese comunicada por satélite,porque la transmisión de voz y de datos es mucho más rápida y eficiente por fibra óptica terrestre que por enlace satelital (ver más adelante). Según anunció la mandataria, el edificio también tiene ese tipo de fibra, de uso normal en casi todos los tramos de comunicaciones.
Si el edificio de Berazategui emplea fibra óptica, quizás no utilice ningún satélite. Pero… ¿por qué dejar que la realidad arruine un Relato tan bueno? (Donde hay fibra óptica disponible, salvo para servicios muy especializados, no se utilizan los satélites, especialmente en datos e Internet.)
A cinco meses de su lanzamiento, el ARSAT-1, el satélite geoestacionario del gobierno nacional armado en la Argentina y lanzado desde la Guayana Francesa a un costo aproximado de 300 millones de dólares, sigue absolutamente subutilizado.
Tan sólo consiguió como clientes a algunos canales de TV abierta de estados provinciales (peronistas), que los usan para alimentar sus repetidoras regionales (Canal 7 de Rawson, Chubut; Canal 3 de Santa Rosa, La Pampa; Canal 9 de Rio Gallegos, etc.) y las señales K porteñas (estatales y paraestatales): Encuentro, Paka-Paka, CN23, C5N. También el Canal 9 de Comodoro Rivadavia (Cristóbal López), así como algunos canales de Telefé en el interior. Aparentemente, la señal del Canal 7 de Buenos Aires aún no está en el satélite, aunque se prevé que se haga presente en poco tiempo más.
Fuera de la conducción permanente de estas señales, hasta marzo de 2015 el ARSAT-1 hizo sólo transmisiones ocasionales. Como ejemplos pueden citarse el discurso de la presidenta por el 31 aniversario del restablecimiento de la democracia (10.12.2014) o el partido de segunda división de básquet por el Torneo Nacional de Ascenso Ferrocarril Oeste y San Lorenzo de Almagro (05.01.2015).
Estas modestas y limitadas actividades eran completamente previsibles, por razones que serán explicadas más adelante. Salvo nichos de mercado específicos, los satélites aportan muy poco a las telecomunicaciones hoy día, sean o no de “fabricación argentina”. Este último mito será también tratado en otra parte de este artículo.
El último refugio
Los kirchneristas acusan frecuentemente a sus críticos de desear que al país le vaya mal. O de estar tan cegados como para no reconocer supuestos logros del gobierno en áreas como la tecnología de punta.
Estos cargos han sido esgrimidos nuevamente tras el lanzamiento del ARSAT-1. Son acusaciones típicas de los gobiernos que buscan manipular o intimidar a la opinión pública, en una suerte de chantaje político-ideológico para acallar el desacuerdo y con un evidente propósito de control autocrático. Porque descontando algún caso patológico, ¿quién puede estar contento de que a su país le vaya mal? ¿Cómo la discrepancia sobre políticas o medidas puede equivaler a una traición a la patria?
Quienes sí merecen el repudio son los ejecutores de tales estratagemas: los que manipulan los conceptos de “patria”, “nación” o “soberanía” para conseguir ganancias políticas o económicas de una parcialidad y/o para propagandizar logros que no son reales. Son ellos los que comprometen al país en acciones mezquinas o realizaciones engañosas, efímeras o contraproducentes. Samuel Johnson les dedicó una frase lapidaria: “el patriotismo es el último refugio de los canallas”.
Todo esto viene a colación porque la puesta en órbita del ARSAT-1 se acompañó de un insólito y falaz despliegue propagandístico. El lanzamiento del satélite, a cargo de la empresa pública del mismo nombre, tuvo lugar el 16.10.2014.
(ARSAT es la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales, una sociedad estatal creada por Néstor Kirchner para manejar un satélite que hasta entonces pertenecía a un operador privado. Gradualmente, ARSAT fue ampliando sus funciones hasta convertirse en una compañía general de telecomunicaciones del Estado Argentino. Hoy es manejada por cuadros que responden al ministro de Economía Axel Kicillof y a la agrupación La Cámpora.)
El aparato de propaganda oficial se refirió invariablemente al “primer satélite argentino”. Télam, 6-7-8, TVR y Página/12 —entre otros medios— se encargaron de presentar el episodio como el comienzo de una nueva era en la cual Argentina “accedía a la soberanía satelital”, ingresaba a un exclusivo club espacial, dominaba la tecnología de fabricación de objetos espaciales y daba un salto cualitativo en las telecomunicaciones.
Lamentablemente, nada de esto es cierto. Se trataba, simplemente, del Relato K elevándose por el espacio.
El relator del Relato, Víctor Hugo Morales, no paró de hablar del tema y hasta le dedicó una entrega de su programa televisivo Bajada de línea. Canal 7, que por semanas insistió con este tema como una de sus principales historias periodísticas, presentó el mismo día 16 un programa especial de más de dos horas: Argentina hacia la soberanía satelital.
Con el elenco estable del kirchnerismo para estos menesteres (el propio Victor Hugo, Adrián Paenza), se transmitió “en vivo” el lanzamiento del satélite desde la Guayana Francesa revistiéndolo con ribetes de epopeya nacional. El uruguayo hizo un relato del lanzamiento como si se tratara del gol del barrilete cósmico.
(Lanzamiento en minuto 57:00)
Luego vino la cadena nacional. El ARSAT-1, dijo la mandataria, es “un orgullo”. También recordó la “decisión política” de Néstor Kirchner de crear en 2006 la empresa estatal ARSAT y de poner en marcha el Programa Espacial Argentino (como si Argentina no hubiera tenido una historia espacial previa iniciada en los años 60, con lanzamiento de cohetes menores, envío de animales a la estratósfera y varios satélites desde 1990).
Ni primero, ni “fabricado”…
Como puede verse en el cuadro de más abajo, el ARSAT-1 de ninguna manera es el primer satélite argentino ni es el primer satélite construido o integrado en la Argentina. No es siquiera el primer satélite de comunicaciones geoestacionario que usa la posición orbital argentina para dar servicio al territorio nacional. Tampoco es el primer satélite “fabricado” en América Latina (ninguno ha sido completamente elaborado en la región).
CUADRO DE SATÉLITES ARGENTINOS
Fuente: elaboración propia con información de ARSAT, CONAE, INVAP, AATE, Universidad Nacional de Córdoba y la National Administration of Space and Aeronautics (NASA) de los Estados Unidos.
Se excluyen de esta lista los satélites canadienses Anik-1 y Anik-2, lanzados en los años 80 y alquilados por la empresa Nahuelsat SA entre 1993 y 1997. Igualmente se excluye el satélite estadounidense AMC-6 alquilado en su totalidad por ARSAT SA entre 2006 y 2014. En todos los casos, estos satélites fueron originalmente activados al servicio de otros países. Por otra parte, el satélite SAC-B —que no aparece en la lista— resultó en un lanzamiento fallido en 1996, ya que no se despegó totalmente del cohete.
Una tarjeta para confirmación de radioaficionados
del que verdaderamente fue el primer satélite argentino (1990)
Otro satélite argentino: el SAC-A,
armado por INVAP y lanzado en 1998
La novedad verdadera
En efecto, el ARSAT-1 no es el primer satélite fabricado en la Argentina con tecnología y materiales argentinos, como en forma propagandística anunció el gobierno. Los satélites anteriores, así como las actividades aeroespaciales argentinas previas, se habían concretado sin montar shows políticos ni exhibiciones de nacionalismo ramplón[1].
Ahora bien, ¿presenta el ARSAT-1 alguna novedad verdadera? En realidad, se trata del primer satélite de comunicaciones ensamblado en la Argentina (sus principales componentes son extranjeros) para dar servicio comercial al territorio nacional desde laposición orbital geoestacionaria[2] asignada al país.
(Satélites científicos como el MUSAT o el Pehuensat-I también se construyeron ensamblando componentes en el país. Por otro lado, la órbita geoestacionaria ya había sido utilizada desde 1997 por un satélite similar, el Nahuel-1A, que había sido construido en Europa; si bien era un artefacto al servicio de la Argentina era propiedad de un consorcio internacional, el cual −como todos los satélites argentinos, incluso el ARSAT-1− fue lanzado desde el extranjero.)
Es evidente que delimitando cuidadosamente una descripción siempre se logrará posicionarse como primero en cualquier cosa. Pero el Relato K ha querido transformar al satélite argentino en una epopeya única cuando se trata de un episodio común en el mundo y que no supone ninguna preeminencia para el país.
En primer lugar, contar con un satélite no es nada excepcional desde hace muchos años. Entre 1957 y la actualidad 51 países han enviado satélites al espacio, incluyendo Italia (1964), España (1974), Indonesia (1976), Pakistán (1990), Chile (1995), Turquía (1997), Sudáfrica (1999), Nigeria (2003), Colombia (2007), Perú (2013) y Uruguay (2014).
En segundo término, tener un satélite de comunicaciones en órbita geoestacionaria —entre los más complejos tecnológicamente— tampoco representa nada del otro mundo (valga la expresión). Desde los años 70 casi 40 países en el mundo operan satélites de comunicaciones geoestacionarios similares al ARSAT-1. Las siguientes son las fechas de los primeros satélites geoestacionarios de comunicaciones de cada país en el continente americano y la península ibérica: Canadá (1972), Estados Unidos (1974), México (1985), Brasil (1985), España (1992), Argentina (1997), Venezuela (2008) y Bolivia (2013). A fines de 2014 existen operativos en todo el planeta cerca de 250 satélites de comunicaciones geoestacionarios de uso civil.
Muchos países consideran que no necesitan un satélite de comunicaciones propio. No creen que sea una disminución a su soberanía alquilar un transponder (canal de transmisión-recepción) en un satélite ya existente para sus telecomunicaciones (esto depende del volumen de tráfico y de los operadores interesados). Ese transponder puede encontrarse en un satélite global o multinacional (Intelsat, Eutelsat, SES) o en un satélite de una nación cercana (las naciones centroamericanas, por ejemplo, alquilan facilidades mexicanas).
Otros países consideran que tampoco es un problema que en sus posiciones orbitales “de bandera” (aquellas asignadas por acuerdos internacionales y que deben ser usadas por los países respectivos) funcionen satélites de comunicaciones privados y hasta de empresas “extranjeras” (por ejemplo, Brasil, Suecia o la República Checa), siempre que estén autorizados y suministren servicios a la nación en cuestión.
El problema actual del mercado de satélites de comunicaciones civiles es que existe una capacidad más que abundante de conexiones satelitales en el mundo. Los satélites son un negocio poco rentable y casi en decadencia, dominado por unas pocas compañías de actuación mundial que operan con grandes economías de escala.
¿Por qué ocurre esto? Desde hace más de dos décadas, la gran mayoría de lascomunicaciones mundiales se conducen a través de fibras ópticas terrestres y submarinas; no por satélite. Las fibras han sido instaladas intensivamente en ciudades y trayectos interurbanos e internacionales (aunque no todavía en el tramo de “última milla” a los domicilios) y son más baratas, confiables y de mucha mayor capacidad de transmisión que los satélites.
Al día de hoy, los satélites de comunicaciones se usan exclusivamente para proveer conexiones en zonas marginadas terrestres o contactos con embarcaciones y aeronaves en navegación, así como para ofrecer servicios de televisión en las siguientes variantes: TV directa al hogar (DTH, como DirecTV), conexión con unidades móviles de emisoras y envío de señales a “cabezales” de sistemas de cable o repetidoras del interior (estas últimas funciones pueden ser efectuadas también por fibra óptica).
Sólo el DTH es una actividad rentable per se, pero para prestarlo no es necesario contar con un satélite propio, ya que se pueden alquilar los transponders de numerosos satélites de comunicaciones que operen en las frecuencias correspondientes y en las áreas de cobertura deseadas.
Otro problema de los satélites de comunicaciones es que normalmente no permiten ofrecer servicios interactivos (en forma directa) a los usuarios comunes (domiciliarios). Existen servicios de Internet satelital que por su lentitud, carestía y complejidad de infraestructura sólo se utilizan cuando no hay otra alternativa. La aparición de una nueva tecnología —la banda de frecuencias Ka— podría mejorar esta situación, pero es casi imposible que sea una competencia efectiva al Internet por conductores (por línea ADSL o de TV cable) o incluso al inalámbrico desde antenas terrestres.
Por su parte, la telefonía móvil satelital terminó resultando un fracaso masivo debido a su carestía y problemas. Estos teléfonos se emplean ante la carencia de comunicaciones (zonas aisladas, plataformas petroleras, áreas marítimas, etc.) o en casos especiales. Apenas existen unos miles en Sudamérica (hasta su muerte, Alfredo Yabrán tenía uno de ellos).
El ARSAT-1 no mejorará ninguno de los grandes problemas de que experimentan las telecomunicaciones en la Argentina: no sirve para la telefonía celular y sólo podrá proveer telefonía fija o Internet en lugares muy remotos y aislados, donde no estén disponibles otras alternativas. En realidad, su principal uso se limitará a una función muy específica: transportar contenidos de televisión al interior del país, lo que en muchos casos se puede hacer también por conexiones de fibra. Ese uso incluirá el DTH de la plataforma de la TV digital abierta -TDA- estatal y, quizás, otro DTH comercial de alguna empresa “amiga” del gobierno.
Cabe recordar que el ARSAT-1 compite además con numerosos satélites cuya área de cobertura comprende la Argentina (aunque por exigencias “de bandera” tiene la ventaja de ser el único satélite sudamericano que llega a la Antártida).
En un contexto de políticas estatistas y proteccionistas, el gobierno argentino puede siempre desarrollar la tentación de forzar a operadores nacionales a contratar servicios en el ARSAT-1 a mayores precios que los internacionales o a restringir la competencia para favorecer su propio satélite. Si esto ocurriese, la supuesta “soberanía satelital” puede significar prestaciones o tarifas más desfavorables para consumidores o pymes. De hecho, esto ya está contemplado en un artículo de la Ley Argentina Digital.
¿Perdida en el espacio?
La presidenta Cristina Kirchner no paró hacer afirmaciones inexactas (o bizarras) sobre el satélite: “El ARSAT-1 fue construido íntegramente en Argentina”, señalaba en un tuit del 16.10.2014. En su página oficial de Internet (01.09.2014) dijo: “ARSAT-1 [es] el primer satélite geoestacionario 100% argentino. Todo esto no es milagro ni suerte, tampoco viento de cola. Es voluntad política, decisión de gobierno y política de Estado”.
Su estilo autorreferencial, en este caso aplicado al satélite, apareció el mismo 16.10.2014 en cadena nacional: “Si yo no hubiese ganado [las elecciones] , ¿tendríamos el ARSAT en el espacio? Es una pregunta que deben hacerse todos los argentinos […] Estoy absolutamente segura de que los satélites no se pueden derogar [y son] una conquista de todos los argentinos […] Estamos en el espacio, somos el primer país latinoamericano que produce en forma nacional un satélite geoestacional [sic]. Tenemos mucha emoción”.
También el día 16 escribió en un tuit: “Argentina se suma al selecto club de países que producen este tipo de satélites, USA, Rusia, China, Japón, Israel, India y la Eurozona”.
El diario madrileño El País relativizó estas afirmaciones en un artículo con título burlón:“El satélite 100% argentino que se fabricó en Europa” (08.09.2014). Daba a conocer que “la carga útil” del ARSAT-1 (los instrumentos tecnológicos que le permiten realizar su función) resultó fabricada “por Thales Alenia Space, una empresa europea que fue licitada por INVAP para esta tarea. Lo mismo pasó con los sistemas de propulsión y el ordenador de a bordo, que han sido encargados a Astrium, una filial de la multinacional europea EADS”.
Termina el periódico español: “De hecho, la gran mayoría de los componentes físicos del ARSAT-1 han sido fabricados fuera de Argentina”. Un periodista de ese medio se puso en contacto con el gobierno argentino requiriendo precisiones, pero el vocero oficial se negó a revelar qué parte de los componentes era nacional.
Un cable de Télam del 16.10.2014 contradijo a la presidenta y a la propaganda generada sobre este tema y sostuvo que el “50%” de los componentes del ARSAT-1 son nacionales, recogiendo declaraciones del presidente de ARSAT, Matías Bianchi, un hombre del ministro Kicillof. Pero incluso la veracidad de esta afirmación suscita serias dudas después de que Bianchi agregó: “Francia, uno de los países con mayor experiencia en la construcción de satélites, también está en ese porcentaje”. Es decir que para Bianchi, no hay grandes diferencias entre la capacidad tecnológica satelital de Francia y la de Argentina.
Cedamos la palabra a Pablo de León, ingeniero aeroespacial argentino residente en los Estados Unidos:
“El ARSAT-1 es un satélite de diseño europeo, es un bus estándar que ya existe desde hace algunos años. Te lleva 5 minutos de búsqueda en Internet y saber un poco de inglés el darte cuenta que todo el hardware y soft es comprado. Es un desarrollo de Astrium y Thales principalmente, con el aporte de otras empresas, casi todas europeas, y algunos pocos componentes norteamericanos. En el ARSAT-1 no hay desarrollo nacional, no hay know-how nacional, y no hay componentes nacionales. Todo fue desarrollado afuera”.
Cualquiera sea la verdad sobre el porcentaje exacto de elementos nacionales, la cuestión es que sus partes esenciales son extranjeras. El satélite “argentino” resultó tan ensamblado como un celular de Tierra del Fuego, un Ford Fiesta de General Pacheco o una computadora de Galería Jardín.
Fue la compañía estatal INVAP (Investigaciones Aplicadas SE) la que realizó el ensamblaje. Esta sociedad del Estado, creada en los años 70 por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), es una especie de brazo ejecutor de proyectos de tecnología de punta del Estado Argentino.
Se considera que INVAP funciona en forma
eficiente, seria, a cubierto de las vicisitudes políticas y que ha
alcanzado varios éxitos tecnológicos para el país, aunque es difícil
separar el mito de la realidad: nunca se ha hecho un estudio a fondo de sus actividades. Su gerente general, el físico Héctor Otheguy, ocupa el cargo desde hace ya un cuarto de siglo. Ha concurrido varias veces a 6-7-8, califica
a la presidente Cristina Kirchner como “la presidenta de la ciencia y
la tecnología” y le ha respondido con argumentos políticos a figuras
opositoras que objetaron algún aspecto del satélite.
El hecho de que el INVAP haya realizado en Argentina el “diseño” del proyecto, la integración de los componentes y el testeo
tiene su mérito. Sin embargo, muchos países, si se lo propusieran,
también podrían fabricar su propio satélite a partir de ensamblajes o
usando más o menos componentes nacionales. Pero no lo hacen por razones
competitivas; de la misma forma que, por ejemplo, ni Canadá, ni
Australia, ni Japón, ni Sudáfrica fabrican aviones para sus propias
aerolíneas comerciales —aunque podrían hacerlo, con mayoría de
componentes propios o ensamblados— y, en cambio, prefieren comprar ya
hechos los Boeing o los Airbus. No creen que eso comprometa su soberanía
ni su desarrollo. (Sobre el caso de la aeronáutica brasileña Embraer
ver la nota al pie número [3] de este artículo.)
En realidad, sólo Estados Unidos, Rusia,
Japón, China y la Eurozona (como unidad de 17 países) armaron alguna vez
satélites sin recurrir a componentes “extranjeros”. Pero hoy día, en
virtud de la producción globalizada, ningún país usa un 100% de piezas
“nacionales”, aunque es cierto que aquellos países pueden alcanzar un
grado de integración muy alto de elementos propios.
Por otro lado, cabe recordar que Argentina tampoco tuvo nada que ver con el lanzamiento. Menos
de 10 países en el mundo, entre los cuales no figura ninguna nación
latinoamericana, tienen la capacidad de lanzar satélites y sólo
la mitad de ellos pueden ubicar objetos en la lejana órbita
geoestacionaria, como la que usan los satélites de comunicaciones
comerciales.
En Argentina dos organismos distintos están probando cohetes
desde aproximadamente 2007, en medio de un gran secreto y algunos
fracasos, sin que resulte claro cómo se coordinan. Se trata de los
cohetes Tronador (de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE, dependiente del ministro Julio De Vido) y los Gradicom (del
Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas para la Defensa,
CITEDEF –ex CITEFA− , dependiente del ministro Agustín Rossi).
Estos cohetes se encuentran en una etapa
de ensayo, pero nunca se informa oficialmente sobre los resultados de
los lanzamientos. Se supone que algunos han llegado hasta los 100-120 km
de altura, pero tampoco se brindan datos oficiales al respecto. Lo
mismo ocurre con los accidentes: frente al hermetismo gubernamental, se
supo por ejemplo en 03.2014 que un cohete Tronador II lanzado desde
Pipinas (provincia de Buenos Aires, cerca de la base aeronaval Punta
Indio) se desplomó luego de elevarse dos metros.
Ojalá que los intentos de los científicos
argentinos fructifiquen más allá de las coyunturas relacionadas con los
diferentes gobiernos, pero la verdad es que con la poca información disponible hoy es muy difícil evaluar si estos esfuerzos conducirán a algún lado. Nunca se puede saber hasta qué punto estos intentos están “contaminados” con el efectismo K.
No puede ser que un programa de este tipo
esté rodeado por el secreto cuando en realidad debería ser todo lo
contrario: debatirse con la máxima información entre la comunidad
científica, formuladores de políticas y equipos de diferentes partidos.
Todo indica que es poco probable que estos cohetes puedan servir en un futuro cercano para lanzar satélites.
Se supone que para colocar los satélites en órbitas más bajas deben
llegar a los 300 – 500 km y tener una robustez de la cual
esos artefactos aun carecen. Para lanzar un satélite de comunicaciones
(geoestacionario) hace falta que se eleven a 36.000 km es decir, trescientas sesenta veces más altura de lo que se habría alcanzado hasta ahora.
En 2010 el director ejecutivo de la CONAE
prometió que en 2013 Argentina estaría en condiciones de poner
satélites en órbita, pero han pasado dos años de ese plazo y no hay
avances en la materia.
(Brasil ha intentado infructuosamente
lanzar satélites al espacio al menos en tres oportunidades. El intento
más importante fue en 2003, desde la base espacial de Alcántara,
Maranhão, pero el cohete estalló. El accidente dejó una veintena de
muertos y destruyó la infraestructura de lanzamiento. Pese a estos
percances, Brasil está más adelantado que la Argentina en la tarea de
colocar un satélite en órbita con medios propios.)
Nora Bär escribió el 16.02.2015 una excelente (y objetiva) nota en La Nación sobre el programa Tronador.
Conclusiones
¿Qué quiere decir todo esto? ¿Estuvo bien
ensamblar el satélite por medio de INVAP? ¿Fue acertado lanzarlo? ¿Es
conveniente que lo opere ARSAT? ¿Puede generarse un sector satelital
sustentable que le permita a Argentina disfrutar mejor de esta
tecnología y exportar en forma sistemática[3]?
¿Las críticas contra el satélite son objeciones de peso? ¿O vienen
de sectores mezquinos que no quieren que el país sobresalga
tecnológicamente y que no pueden reconocer éxitos del gobierno?
Aquí hay una gran ensalada de
cosas diferentes, servida intencionalmente por el gobierno, que es
necesario separar cuidadosamente para poder evaluar cada ingrediente en
forma separada: una cosa es el INVAP, otra cosa la “fabricación” del
satélite, otra cosa es la necesidad y conveniencia de ARSAT y otra cosa
es que Argentina opere un satélite y bajo qué condiciones.
No cabe duda que el país debe contar
con un sector de ciencia y tecnología fuertemente apoyado por el Estado,
sin que esto signifique coartar desarrollos privados. Y nadie puede
mandar a ningún científico e investigador a “lavar los platos” como hizo
un exministro de Economía. Ese sector debe estar no sólo regido por
políticas de Estado, sino también tener un plan de prioridades.
Es que aunque parezca una perogrullada,
Argentina no es una potencia mundial y no puede investigar ni
desarrollar cualquier cosa, ni hacerlo a cualquier costo. Pero sí puede
enfocarse, a través de INVAP, en temas específicos
aprovechando ventajas comparativas —incluyendo cierto acervo tecnológico
acumulado “nacionalmente” en algunas áreas—, en cuyo marco existan
oportunidades de lograr know-how propio.
Estas tareas deben desembocar en
aplicaciones tecnológicas útiles al país y generar una industria
exportadora sustentable. El ya aludido caso de la industria de reactores
nucleares de la CNEA/INVAP ejemplifica bien este punto y es una
historia exitosa.
Pero puede haber fracasos muy caros y
hasta terroríficos. Entre ellos resaltan sin duda los intentos de
construir submarinos de propulsión nuclear argentinos (anunciados desde
hace más de 30 años) y que consumieron inútilmente miles (sí, miles) de
millones de dólares desde entonces.
Aunque resulte increíble, mientras al Ministerio de Defensa se le hundían barcos solos (ver Google Earth,
coordenadas 38º 53′ 42.50″ S, 62º 06′ 15.50″ W, imágenes de 2014, en
Puerto Belgrano) y mientras el Ministerio de Planificación no puede
garantizar electricidad en el verano, este proyecto de submarinos
nucleares se volvió a anunciar durante la etapa K.
A menor escala figuró la fallida
Resolución 44 de la Secretaría de Industria que, en los años 80, buscó
infructuosamente desarrollar hardware informático en el país.
(Un caso diferente, por sus repercusiones negativas de política
internacional, fue el cancelado proyecto secreto del misil Cóndor II
desarrollado igualmente en la década del 80 y financiado por naciones
árabes).
Sobre el satélite en sí mismo, quizás no
estuvo mal el proyecto de ensamble para demostrar las posibilidades del
país. (Un satélite típico de comunicaciones cuesta alrededor de 280
millones de dólares, más unos 30 millones de esa moneda en concepto
de lanzamiento; son aproximadamente los costos efectivos del ARSAT-1.)
Lo que estuvo mal es la utilización política de este hecho, rodeada de una retórica tan triunfalista como basada en falsedades.
Como ya se ha visto, muy poco de este
artefacto respondió a tecnología “argentina”. La tecnología de satélites
de comunicaciones no encierra ningún misterio y es ofrecida por
numerosos fabricantes mundiales. Por lo demás, países como los
latinoamericanos adquieren satélites de comunicaciones cada 10 o 15
años. (En los últimos 30 años, Latinoamérica ordenó solamente una decena
y media de satélites de comunicaciones a cinco o seis fabricantes
distintos y no se prevé que el ritmo de encargos de objetos de este tipo
se incremente indefinidamente.)
Todo esto determina un mercado
relativamente pequeño para que una nación como Argentina pueda
participar con éxito en esta industria, sirviendo verdaderamente a
necesidades internas y de exportación. Sin embargo, sí tiene más
sentido la investigación y desarrollo de componentes y diseños para
satélites científicos y experimentales (como los SAC, ver cuadro), donde
Argentina puede mostrar algunos logros reales.
En cambio, ARSAT exhibe
un historial bastante decepcionante. Se dice que la empresa fue creada
de apuro para evitar que Argentina perdiera las posiciones orbitales “de
bandera”, asignadas por acuerdos internacionales, debido a la
desastrosa gestión de Nahuelsat S.A., la empresa mayoritariamente
extranjera que se encargaba del satélite argentino (Nahuel 1) desde
1997.
Pero esta es una verdad a medias.
El carácter privado de Nahuelsat no tuvo que ver con el fracaso de esta
operación: con muy pocas excepciones, casi todos los satélites de
comunicaciones de Occidente son propiedad de empresas particulares. Lo
que ocurrió es que Nahuelsat se vio duramente golpeada por la crisis y
devaluación de 2001. Pero, al contrario de otras compañías, no recibió ayuda ni apoyo del gobierno.
Pocos recuerdan que Guillermo Moreno
fue titular de la Secretaría de Comunicaciones durante los tres
primeros años del gobierno de Néstor Kirchner. Allí comenzó su fama de
mantener reuniones con una pistola sobre su escritorio y fue en esa
etapa cuando se desarrolló una fuerte animosidad entre el gobierno y
Nahuelsat. Moreno fantaseaba entonces con crear una red celular estatal y
con el monopolio estatal de los servicios satelitales.
La inseguridad jurídica resultante —y el
espanto que causaba Moreno, aún desconocido a nivel público— influyeron
para que Nahuelsat pospusiera indefinidamente el lanzamiento de otro
satélite para cubrir la segunda posición orbital asignada a Argentina.
La compañía no sólo no quería operar un segundo
artefacto, sino deshacerse del único que tenía, ya al punto de la
obsolescencia. Al final lo consiguió: se lo vendió al Estado Argentino
por… ¡un peso! Así se creó ARSAT.
Ya en 2005, Moreno alquiló en condiciones
leoninas un satélite canadiense de segunda mano para cubrir la segunda
posición orbital. Lo bautizó Pueblo Peronista-1 (PP-1)
y a los 33 días dejó de operar. A la vez, el satélite que acababa de
adquirir a Nahuelsat también se tornó completamente inutilizable. Para
2007, Argentina tenía dos posiciones orbitales asignadas y ningún
satélite operativo. Esta situación, por supuesto, implicaba un peligro
real: Argentina debía emplear tales posiciones luego de un tiempo o se
perderían en favor de otros países.
El Estado Argentino podría haber licitado, con las debidas garantías, ambas posiciones
—como hacen gran parte de los países, incluso México y Brasil—,
preservándolas mediante la colocación de dos satélites operados por
compañías privadas responsables y comprados a cualquiera de los
fabricantes de plaza. Esto hubiese permitido resolver el
problema en aproximadamente un año y medio. Además, tal solución no le
hubiera costado un peso al gobierno sino que, más aún, hubiera generado ingresos a las arcas fiscales como resultado de los impuestos cobrados a tales compañías.
Debido a que se trata de las posiciones
orbitales “de bandera”, de haberse seguido este proceder, las compañías
adjudicatarias de las órbitas tendrían ciertas obligaciones mínimas,
como suministrar una señal más potente sobre suelo argentino
(posibilitando el uso de parabólicas más pequeñas), así como llegar con
sus señales hasta la Antártida (cosa que los satélites competidores no
pueden hacer).
Pero el gobierno kirchnerista prefirió que la estatal ARSAT construyese y operase los satélites y se tomó para ello nada menos que ocho años, lo cual forzó a que Argentina alquilara durante ese periodo dos satélites usados, pagando decenas de millones de dólares.
Frente a los casi mil millones de dólares que el Estado Argentino desembolsará en los tres satélites de ARSAT (además del ARSAT-1 se planean dos más
para los próximos años, los que previsiblemente generarán una mayor
sobreoferta de conexiones) sus beneficios serán muy escasos. Más que
nada serán aprovechados por canales de TV estatales (incluida la TDA
estatal, que sólo emite señales oficialistas y apenas es vista por una
audiencia mínima) y algunos canales y señales de cable privadas.
Además, los ARSAT competirán con una
decena de sistemas (satélites latinoamericanos, norteamericanos,
europeos y multinacionales) que brindarán servicios parecidos en las
mismas áreas geográficas.
Precisamente por esta competencia de
“cielos abiertos” en telecomunicaciones satelitales la importancia de
las posiciones orbitales “de bandera” ha tendido a diluirse, ya que hoy
día desde una posición orbital de un país se suministran servicios a
muchos otros. Muchos satélites pertenecen a empresas globales o
“extranjeras”, respecto del país titular de las órbitas, y sin embargo
prestan servicios a ese y otros países sin problemas.
Por ejemplo, los satélites de comunicaciones mexicanos
son operados en la actualidad por tres entidades: Eutelsat
(multinacional francesa), QuetzSat (consorcio entre capitales privados
nacionales y la multinacional europea SES) y la SCT (estatal).
Y en un país tan “nacionalista” como Brasil, sus satélites de comunicaciones civiles están en manos de tres compañías completamente privadas y “extranjeras”[4]:
los StarOne son de Embratel/Claro —empresa del magnate mexicano Carlos
Slim que paradójicamente carece de artefactos sobre su propio país—, los
Hispamar pertenecen mayoritariamente a la española Hispasat (a ellos
tiene acceso Telefónica, igualmente española) y el satélite Telstar es
propiedad de Telesat, de origen canadiense. (Claro y Telefónica operan
empresas de telefonía fija y celular en el territorio brasileño.)
Entre 2011 y 2014 ARSAT devengó déficits
del orden de los 2.000 a 4.000 millones de pesos anuales —según datos de
las cuentas ahorro-inversión que publica el Ministerio de Economía— y
suele recaudar no más de 10 por ciento de su presupuesto. Es decir, sus números generan unos rojos comparables a los de Aerolíneas Argentinas, pese a que desde 2007 ARSAT está exenta de pagar impuestos (incluso IVA y gravámenes nacionales).
Como empresa, y no sólo en el campo
satelital, ARSAT exhibe más fracasos que logros. Sus abultadas pérdidas
no han servido siquiera para alcanzar objetivos sociales ni de alta
tecnología.
Desde 2010 ARSAT llenó el país de transmisores terrestres de la Televisión Digital Abierta
(TDA) y repartió más de un millón y medio de decodificadores para que
los aparatos de TV más antiguos pudiesen captar la señal. Este
despliegue costó hasta fines de 2014 unos 7.000 millones de pesos y se
hizo para transmitir señales oficialistas y “amigas” del gobierno, al
margen de la Ley de Medios y en violación de ella en varios
aspectos: convierte en canales abiertos de alcance nacional a varias
señales privadas que no deberían llegar a más del 35% de la población.
Tanto empeño e inversión sólo han generado una audiencia regular mínima:
100.000 hogares (el uno por ciento de los hogares del país, según
estudios).
Por otra parte, ARSAT creó a un costo considerable una Red Federal de Fibra Óptica de unos 25 mil kilómetros de extensión y que recorre todas las provincias argentinas. Esa Red, que hasta ahora costó unos 10.000 millones de pesos, permanece desde hace dos años “apagada”
(salvo un pequeño tramo en el estrecho de Magallanes y otro en la
provincia de Buenos Aires) porque no se sabe qué hacer con ella ni qué
política de precios e interconexiones se debe establecer.
En 2012, ARSAT se propuso crear una empresa celular estatal. Se le buscó un nombre: Libre.ar, un logo, un slogan (“y los libres del mundo responden”).
Y hasta se filmaron avisos publicitarios que sólo aparecieron en
Internet. Todo este movimiento —como es costumbre en el kirchnerismo—
generó jugosos pagos y comisiones. Pero la compañía no se creó ni se creará jamás:
urgido por exigencias de caja, el gobierno prefirió cobrarles miles de
millones de dólares a las operadoras celulares existentes para venderles
espectro.
Otro proyecto fallido de ARSAT fue un descomunal megacentro de datos
emplazado en la estación Benavídez, a un costo secreto pero
aparentemente sustancial. Entre otras cosas se buscaba que los
organismos estatales lo usaran como centro de acopio de información. El
periodista Diego Cabot, de La Nación, aludió a la “resistencia
de los organismos públicos de entregar el tesoro de los datos a […]
Julio De Vido y sus muchachos. Aún resuenan las carcajadas que se
sintieron [cuando la AFIP] recibió el pedido de mudanza de sus datos”.
La Auditoría General de la Nación (AGN) ha emitido informes muy críticos de ARSAT.
Entre otras cosas ha señalado que el tendido de fibra óptica sufrió
importantes demoras y que ARSAT recurrió a varios fideicomisos para
financiar obras que no fueron aprobadas por ley. En el caso de la TDA el
organismo afirma no saber con precisión cuántas antenas y
decodificadores se entregaron. Algunos de estos últimos llegaron a
repartirse en zonas en las que no existían transmisores. Peor aún,
destaca que la fabricación de los decodificadores, que iba a ser
originariamente efectuada por INVAP, terminó tercerizándose —acto
prohibido por el contrato— en beneficio de empresas amigas del gobierno
(como una compañía de los Cirigliano, exresponsables del Ferrocarril
Sarmiento).
La AGN ha encontrado también
irregularidades en los casos satelitales (Actuación 195/10). Dice que
“no se adoptaron los recaudos” necesarios para ocupar las órbitas en
tiempo y forma, que hubo “deficiencias en la tramitación de
expedientes” y “falta de integridad en la documentación”. El mismo
organismo denunció a ARSAT a fines de 2012 a la Unidad de Información
Financiera (UIF) por sospechas de lavado de dinero y alquiler de títulos
de deuda argentina por 51 millones de pesos a un operador de mercado.
Al final de este acuerdo, ARSAT cobraría capital e intereses.
Por supuesto, la AGN no puede auditar el
grado de veracidad o propaganda del discurso emanado del poder político.
Pero cualquiera que cotejara lo que se dice desde el gobierno con la
realidad del ARSAT-1 llegaría a la misma conclusión: la llamada “soberanía satelital” y los satélites “fabricados” en la Argentina son partes de un Relato que ha llegado hasta el espacio.+
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| El ARSAT-1 se lanzó conjuntamente con un satélite Intelsat usado por DirecTV para prestar servicio a Argentina y otros países. ¿Mera coincidencia o concordancia de intereses? Cristina Kirchner ha elogiado repetidamente a DirecTV, compañía norteamericana a punto de ser comprada por el gigante de telefonía AT&T y en cuya grilla nacional no retransmite ningún canal abierto local del interior argentino, como sí deben hacerlo obligatoriamente los cables en sus zonas de influencia. (En los Estados Unidos, DirecTV sí reproduce los canales abiertos de cada zona del país.) © Copyright 2015 Blog CANAL, MENSAJE Y SOCIEDAD/CMS, Buenos Aires (Roberto H. Iglesias). Si este artículo es reproducido por cualquier medio debe citarse como fuente el blog y al autor. *Blog del autor, Roberto H. Iglesias. Aquí "El medio es el relato": El libro que reseña, comenta y analiza críticamente una década de comunicación kirchnerista (2003-2013). Autor: Roberto H. Iglesias. Prólogo de Silvia Mercado. _______________________________________________________________ [1] Incluyendo, por ejemplo, el poco conocido caso en 1969 del envío a la estratósfera –82 kms- del mono Juan en un cohete Canopus despegado desde la base de El Chamical, en La Rioja, experimento a cargo de la entonces Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales (CNIE) de la Fuerza Aérea Argentina. El animal fue recuperado vivo tras el descenso del artefacto.—[2] Los satélites de comunicaciones civiles usan casi exclusivamente órbitas geoestacionarias. En esas orbitas, ubicadas a 36.000 kilómetros de altura sobre la línea ecuatorial, los artefactos rotan a la misma velocidad que la Tierra, por lo cual aparentan estar fijos y siempre en la misma posición para un observador terrestre. Eso hace posible que las antenas parabólicas apunten a una dirección fija para trabajar con un satélite determinado (como las antenas de DirecTV).Existe un número limitado de órbitas geoestacionarias alrededor del planeta, por lo cual la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT, organismo multilateral) atribuye órbitas definidas a cada nación. El país titular de la posición orbital geoestacionaria goza del derecho exclusivo de autorizar a un operador satelital específico para el uso de dicha posición, por eso se llaman a veces posiciones orbitales “de bandera” y, a los satélites estacionados sobre las mismas, “satélites de bandera”.Los satélites de una posición externa a la determinado país pueden cubrir el territorio de este último (es decir, prestar servicios de telecomunicaciones en él) sólo si dicho país los autoriza.Por último, si una nación no utiliza una posición orbital geoestacionaria luego de cierto tiempo, puede perderla en favor de otra nación.—[3] Como los reactores nucleares para la generación de radioisótopos que la CNEA vende desde los años 60 a Australia, Argelia, Egipto y Perú. Brasil presenta otro caso interesante: Embraer, la tercera exportadora de aviones de transporte civil de pasajeros en el mundo luego de Boeing y Airbus. Es un caso de éxito desarrollado inicialmente por el Estado brasileño cimentado por una política realista e inteligente de buscar en forma oportuna una ventaja comparativa en el mercado aeronaútico internacional, si bien su verdadera proyección tuvo lugar tras su privatización en 1994 (el gobierno brasileño conserva la “acción de oro” de la compañía).—[4] Brasil pondrá en órbita en 2016 un satélite geoestacionario estatal de comunicaciones para uso exclusivo de las oficinas de gobierno y unidades militares, construido por la firma francoitaliana Thales-Alenia y que será lanzado desde la Guayana Francesa. |
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